martes, 4 de agosto de 2009

Noticia y desmentido sobre los hijos de los sacerdotes


El día 2 de Agosto la agencia EFE difundió la noticia, (que habría sacado el diario turinés La Stampa) de que el Vaticano estudiaría la posibilidad de que los hijos de los sacerdotes llevaran el apellido de sus padres. Añade que se estudian cuestiones relativas a la herencia de los hijos, que no obstante no deberían afectar al patrimonio de la Iglesia Católica. La elevada cantidad de sacerdotes que viven en situación de concubinato –señala- les habría llevado a tener reuniones de reflexión, dentro del pontificio organismo de la Congregación del Clero, cuyo Prefecto es el cardenal Claudio Hummes. Numerosos diarios de gran tirada difunden la noticia en diversas partes del mundo, noticia que inmediatamente, el día 3 de Agosto se ve desmentida por el portavoz Vaticano Federico Lombardi.

Más allá de la noticia y de su desmentido y analizando la realidad: no cabe duda de que en la Iglesia Católica existen situaciones que merecen una especial y urgente atención, como son las siguientes:
Un tercio de los sacerdotes a nivel mundial (una cuarta parte en España) han dejado el ministerio, para casarse o vivir en pareja; independientemente de que en algunos casos puedan haber concurrido otros motivos además del matrimonio, para este abandono.
De los dos tercios restantes, una proporción elevada no respeta, de manera eventual o continua, la promesa del celibato.
Los que deciden contraer matrimonio, después de un proceso largo y costosísimo de formación a cargo de la Iglesia, se ven obligados a abandonar el ministerio; aunque un sector de ellos dice seguirse sintiendo llamado a ejercerlo; y, a pesar de que muchos de ellos siguen siendo requeridos por sus comunidades. Otros, abandonan definitivamente la Iglesia después de procesos largos, muchas veces llenos de sufrimiento y situaciones traumáticas, en las que no siempre encuentran el acompañamiento preciso.
Con los dos tercios que permanece, viene sucediendo que, un número significativo de ellos, se embarca en relaciones clandestinas, con las consiguientes consecuencias para su propia coherencia, para las mujeres concernidas y para la descendencia, cuando la hay; afectando estas situaciones también a muchas comunidades y a la propia imagen de la Iglesia. Otros, permanecen fieles al celibato, algunos por convicción y carisma, pero su opción se ve demasiado devaluada e incluso cuestionada por una situación significativa de infracción de la norma; o bien, en otros casos, porque en las comunidades en las que viven y desempeñan su ministerio, el celibato no se perciba como un signo positivo que pueda marcar una opción vital. Mientras tanto, a nivel mundial, un número elevadísimo de comunidades se ve privada de la Eucaristía dominical por falta de ministros ordenados.

Nuestra valoración sobre la manera de afrontar esta compleja y conflictiva situación es la siguiente: lo que es justo y necesario, como es el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por el incumplimiento de una disciplina eclesial, especialmente cuando son menores concernidos, y en lo que la Iglesia tiene una responsabilidad ineludible, no debe ser el punto de partida del abordaje de este problema. Aunque si lo es, sin duda, el reconocimiento de las situaciones de hecho y el propósito de hacer frente a la situación. Que el comienzo hubiera sido, en esta ocasión, atajar el síntoma de lo que parece una disfunción eclesial, suscitando denuncias públicas y con oferta de compensaciones económicas, no parece la manera más adecuada y conducente, para abordar una problemática compleja, como es la de la renovación de los ministerios en la Iglesia. Incluso, aunque ésta fuera una decisión tomada con la mejor voluntad y deseo de deshacer entuertos. Por el contrario, si no va acompañado de otras medidas, que incluso precedan a la decisión, podría acarrear males mayores y no reparar los daños causados, ni prevenir otros en el futuro. Tampoco es adecuado comparar esta situación (de incumplimiento de una norma disciplinaria interna de la Iglesia con consecuencia de privación de derechos a terceros) con la de los abusos a menores (de delito y enjuiciamiento criminal por parte de la sociedad civil).

Desde Proconcil, escuchando a diversos sectores de Iglesia, alentamos con esperanza los intentos que se van dando desde diferentes lugares eclesiales, de enfocar y abordar el tema de la renovación de los ministerios, entre ellos el ministerio presbiteral; con especial énfasis en el servicio a las comunidades; y a la efusión de los Dones y Carismas que el Espíritu promueve en ellas y en cada uno de sus miembros. Es en ese proceso y contexto donde se podrán buscar también respuestas, a medio plazo, a la minimización de daños producidos a terceros, debido, en parte, a una norma que, a juicio de muchos, hoy, parece obsoleta y contraproducente. A partir de las demandas recibidas, parece conveniente y necesario promover eclesialmente, sobre este tema, un dialogo amplio, fundamentado en la Gran Tradición de la Iglesia, respetuoso y participativo; buscando amplios consensos, que permitan dar una respuesta más adecuada a los ministerios y servicios, en la Iglesia y en la sociedades de hoy, incluyendo la selección, formación e inserción comunitaria del futuro presbiterado. Este, es sin duda, uno de los grandes temas que debería ser tratado sin demora en un proceso conciliar; abordándose con la profundidad suficiente y de manera corresponsable, por parte de todos los creyentes, de cara a la gestión de los cambios que se vayan considerando necesarios y beneficiosos, para la Iglesia en su conjunto y para la realización de su Misión.

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